¿El nuevo rostro de Bolívar? | Elías Pino Iturrieta

El parto de los montes. En eso concluyó el espectáculo presentado por el presidente Chávez para la develación del nuevo rostro de Bolívar. Nada nuevo, ni siquiera las patrañas con las cuales sazonó la muestra de lo que se esperaba como un descubrimiento capaz de cambiar los anales de la nacionalidad. No se comentarán ahora las patrañas, para solamente detenernos en la imagen familiar que apareció ante nuestros ojos acostumbrados a contemplarla desde 1826, por lo menos, pese a que esperábamos una revolución iconográfica que pudo llevarse a cabo si los "científicos" encargados de la misión hubiesen cumplido su papel a cabalidad. 

Con qué cara Chávez | Alfredo Jocelyn-Holt

La apropiación de la historia con fines espurios es tan antigua como el mito. Al héroe prehistórico, mitológico, se le conocen “mil caras” (Joseph Campbell). Todas ellas no más que máscaras que esconden no al sujeto al que supuestamente nos remiten, sino al ventrílocuo que mueve los hilos, quien, con arte y disimulo, hace que el muñeco cobre vida, hable, nos mire, engatuse, le “reconozcamos”.

La tiranía de la memoria | Rafael Rojas

¿Por qué un político como Fidel Castro, que gobernó durante medio siglo Cuba y que no siguió gobernándola sólo porque su salud se lo impidió, que tiene a su hermano menor al mando del país y que jamás es cuestionado en la opinión pública de la isla, dedica su retiro a justificar insistentemente su lugar en la historia? En los últimos seis años, Castro ha publicado cuatro libros de memorias y ha agenciado la publicación de alguna biografía favorable. ¿Cuál es la raíz de esa obsesiva administración de un legado político?

Hay algo significativo, por no decir sintomático, en el hecho de que este dictador haya iniciado su carrera política anunciando que la historia lo "absolvería" y que la termine enfrascado en alegatos personales sobre su comportamiento en el pasado. Si no fuera forzar demasiado el paralelo, podría observarse en Fidel Castro el gesto de Luis XVI en la Torre del Temple, narrado por Lamartine en la Historia de los girondinos (1847). El historiador francés destacaba que en su alegato justificativo, antes de ser condenado a muerte por traición a la patria, Luis XVI atribuyó toda la tragedia francesa a la "situación" y al "tiempo" que le tocó vivir.

Dictadura: sentido y contexto de un concepto político | Nicolás Ocaranza

En La Condición Humana, Hanna Arendt plantea que solo a través del lenguaje podemos estar en el mundo: ‹‹Desde que la función del lenguaje está en juego, el problema se torna político por definición, puesto que es el lenguaje lo que hace del hombre un animal político››. Si la realidad del mundo político se vuelve tangible a través de las palabras, el lenguaje es el fundamento a través del cual se funda y construye lo político.

Para J.G.A. Pocock, por su parte, la enunciación de los conceptos en la historia también deviene en acto político desde el momento mismo en que en una palabra o concepto se convierte en una imagen cuya potencia y sensibilidad remiten inmediatamente a un sentido contemporáneo que la vuelve siempre actual. Es por eso que difícilmente cuando hablamos de política los conceptos puedan reflejar el falso atributo de la neutralidad, aunque un buen manejo de la retórica pueda hacerlos parecer como tal. Sea de manera consciente o inconsciente, el lenguaje nunca está desprendido de su propia capacidad para construir sentidos sobre la realidad de la que habla. Esto es lo que Pierre Manent define como la fuerza política de la palabra.

Las cosas por su nombre | Alfredo Jocelyn-Holt

Los gobiernos tienen la torpe costumbre de querer imponer su "visión" histórica. Tanto el ceremonial público (los homenajes y otras pérdidas de tiempo y recursos) como el currículo nacional son los principales instrumentos de ese accionar oficialista del cual los historiadores, con prudente razón, desconfiamos. Hace un año, fue tal el repudio de moros y cristianos que produjo el intento de rebajar las horas de historia en la programación curricular, que el Mineduc tuvo que echar pie atrás. Pero todo triunfo tiene sus costos, y ello desvió la atención de otras propuestas más discutibles que se han ido introduciendo. El ex ministro Bulnes, lo hemos visto, ha estado dedicado a parar ese otro extremismo: la marea estudiantil.

El Estado impone su propia épica | Luis Alberto Romero

Un reciente decreto creó el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. De sus fundamentos se deduce que el Estado argentino se propone reemplazar la ciencia histórica por la epopeya y el mito.

El mito y la epopeya están en la prehistoria del saber histórico. Los mitos explicaban el misterio y el papel de lo divino; los relatos épicos exaltaban la acción de los héroes, entre divinos y humanos. La historia se ocupó, simplemente, de los hombres, y trató de entenderlos basándose en el razonamiento y la comprobación. En la Antigua Grecia, Herodoto y Tucídides fundaron la historia como ciencia y dejaron en el camino mitos y héroes. A mediados del siglo XIX, Wagner recurrió al mito y a la épica, pero sus óperas se representaban en los teatros; en las universidades estaban los historiadores tan notables como Mommsen.

Todo por el pueblo, pero sin el pueblo | Nicolás Ocaranza

It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us -- that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion -- that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain -- that this nation, under God, shall have a new birth of freedom -- and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

Abraham Lincoln. The Gettysburg Address

  

Mucha tinta ha corrido para analizar, criticar y repensar el modelo político chileno postdictatorial, pero los argumentos siempre son complacientes a la hora de hacer un balance de una democracia cuyo principal objetivo es mantener la estabilidad social y el equilibrio entre los únicos dos conglomerados que pueden disputar electoralmente un lugar en el espacio político: la Concertación y la Alianza. La lógica del binominalismo, aceptada sin condiciones por ambas coaliciones en la etapa de negociaciones que asegurarían el tránsito pacífico y civilizado de la dictadura a la democracia reforzó aún más la lógica de una democracia bipolar, excluyendo a un sector de la izquierda que en ese momento había validado todas las formas de lucha contra el régimen cívico-militar.

Actualmente, cuando la Concertación combate contra su propia decadencia mientras intenta aparecer como una oposición abierta a la ciudadanía, las contradicciones del modelo político chileno se hacen evidentes. El senador democratacristiano Ignacio Walker, llama a refundar la Concertación apelando a su capacidad de “interpretar y representar a una nueva mayoría social y política, con clara vocación de mayoría y de gobierno.” Como bien lo grafican sus palabras, el conglomerado concertacionista se nutre permanentemente de un discurso autocomplaciente que apela a su supuesta capacidad de representar a la ciudadanía. Lo curioso es que el senador Walker saca a relucir esa vocación ciudadana en un momento de evidente disolución; a pocos días de que el Partido Radical anunciara su intención de abrir un diálogo con aquellos partidos y movimientos que no desean orbitar en torno a los dictámenes de una fuerza de centro como la Democracia Cristiana. La voluntad de los radicales por construir un Frente Amplio de Oposición ha despertado del letargo al sector más reaccionario de la DC, especialmente después que José Antonio Gómez –presidente del PR- diera por superada a la Concertación.

Este momento histórico es particularmente interesante, puesto que con la Concertación fuera del poder, el sistema binominal comienza a evidenciar sus  fisuras y su absoluta anormalidad. Así, las palabras del senador Walker en defensa del actual sistema político se vuelven sintomáticas cuando sostiene que: “La Concertación es un pacto de centroizquierda que se expresa en la convergencia entre la democracia cristiana y el socialismo democrático. Es la superación de la política de los tres tercios que tanto daño hiciera a Chile en medio de las convulsiones de la Guerra Fría, la polarización y el desencuentro que condujeron al quiebre democrático y la dictadura.” El juicio obcecado de Walker al modelo de los tres tercios no responde tanto a su oficio de politólogo como al miedo que despierta la posibilidad de un reordenamiento de los partidos en momentos en que la coalición opositora inicia un irreversible proceso de disolución. Pero la lectura de Walker también nos recuerda la manipulación histórica del Chile post-dictatorial que el discurso concertacionista ha construido durante dos décadas. El argumento utilizado es el siguiente: la Concertación canalizó el rechazo de los chilenos a la dictadura y aseguró un tránsito pacífico a la democracia; luego, legó cuatro gobiernos supuestamente exitosos y encausó un proceso económico modernizador acorde con las necesidades sociales del país.

Como bien escribió Orwell en su novela 1984, “En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.” Es por ello que esta coyuntura crítica obliga a los historiadores y también a los políticos a repensar los derroteros de un proceso de democratización que se sustentó en la exclusión de la disidencia, en la negociación a espaldas de los ciudadanos y en la legitimación de un modelo económico neoliberal. Basta recordar que antes del plebiscito de 1988 un sector de la entonces Alianza Democrática decidió excluir a un sector de la izquierda que dificultaba el diálogo e imposibilitaba llevar a buen término las negociaciones con el gobierno de Pinochet. Como se sabe, las condiciones para el retorno a la democracia fueron establecidas por la misma dictadura y aceptadas por la cúpula dirigente de la actual Concertación. A la exclusión de la izquierda se sumó la desconfianza hacia quienes veían con recelo las negociaciones con la dictadura y el dudoso triunfo de Patricio Aylwin en la contienda pre-electoral fue tapado con el fervor ingenuo del retorno a la democracia. 

Con esos antecedentes, no es raro que los concertacionistas más recalcitrantes conciban la democracia como un efecto de la homogeneidad. Pero lo  más preocupante de esa visión es que el ideal democrático se sustenta en la exclusión de todo aquello que se opone o cuestiona a esa pretendida homeneidad política. Suponer, como los concertacionistas habitualmente lo hacen, que solamente se puede construir una democracia excluyendo a la heterogeneidad que conforma el mundo social es una ficción política que ni el monopolio de la moral de los derechos humanos ni del progresismo pueden sostener.  

No se crea una democracia social excluyendo la complejidad de lo político. Al exluir la complejidad que toda democracia posee, se establece que la idea de igualdad política se funda, única y exclusivamente, sobre un principio de identidad y homegeneidad. Esa visión patológica de la democracia, en la cual se confunde la igualdad política con la identidad y ésta con la homegeneidad, no sólo encubre una realidad social y política mucho más compleja que el mundo bipolar en que se mueve el sistema político chileno, sino que deja la puerta abierta a que la ciudadanía cuestione la uniformidad discursiva y reclame de una vez por todas su soberanía.

No es raro que uno de los principales dirigentes concertacionistas ahora apunte a la ciudadanía como único salvavidas de una coalición que se disuelve lentamente frente a nuestros ojos. Lo extraño de todo es que si la historia nos demuestra que fue la ciudadanía la que recuperó la democracia en las urnas confiando su futuro a la Concertación, ésta haya gobernado durante cuatro gobiernos consecutivos por el pueblo, pero sin el pueblo. Las palabras del senador Walker son el fiel reflejo de una lectura politológica comprometida con su propia causa partidista y su interpretación histórica no es más que una reacción instintiva del patológico ofuscamiento que aqueja a su coalición. 

En ese sentido, la Concertación sólo puede vivir de su propio relato histórico pues no posee un proyecto político y social más allá de su aspiración al poder. Es por eso que el senador Walker realiza una interpretación histórica para impedir la transformación del conglomerado. Y es por eso que algunos dirigentes e historiadores concertacionistas han realizado un esfuerzo sistemático por cooptar la historia reciente para luego convertirla en una verdad oficial o en una herramienta útil a sus propios intereses (véase Cien años de luces y sombras, Santiago, Taurus, 2010; libro que compila artículos de Ricardo Lagos Escobar, Manuel Antonio Garretón, Sol Serrano, entre otros). Otra prueba de ello es la biografía oficial del ex presidente Ricardo Lagos que en estos momentos escribe un equipo de noveles historiadores. Estos complejos cruces entre historia y política nos remiten a la lúcida crítica que Orwell hiciera a los gobiernos totalitarios al afirmar que “Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado”. Afortunadamente, la democracia, como la pretendemos otros, es mucho más que un discurso histórico sobre la gobernabilidad; es, como bien lo recuerda Pierre Rosanvallon en su cátedra del Collège de France, la experiencia histórica de un ideal político en permanente cambio cuyo verdadero motor siempre será la soberanía del pueblo.

La policía de la memoria | Timothy Garton Ash

Entre los embates que está recibiendo la libertad en Europa, uno de los menos evidentes es la legislación sobre la memoria. Más y más países tienen leyes que dicen que usted debe recordar y describir éste o aquel hecho histórico de cierta manera, en ocasiones so pena de ser enjuiciado si da la respuesta incorrecta. Lo incorrecto de la respuesta depende de dónde se encuentre usted. En Suiza, puede ser procesado por decir que las atrocidades padecidas por los armenios en los últimos años del Imperio otomano no constituyen un genocidio; en Turquía lo procesarían por decir que lo fueron. Lo que es una verdad prescrita por el Estado en los Alpes es una falsedad impuesta por el Estado en Anatolia. 

Hace poco un grupo de historiadores y escritores, entre quienes me incluyo, rechazó este peligroso disparate. En lo que ha sido llamado “Appel de Blois”, publicado en Le Monde el pasado 10 de octubre, sostenemos que en un país libre “no es asunto de ninguna autoridad política definir la verdad histórica o restringir la libertar del historiador a través de sanciones penales”. Y argüimos en contra de la acumulación de lo que se ha dado en llamar “leyes sobre la memoria”. Entre las primeras firmas hay historiadores como Eric Hobsbawm, Jacques Le Goff y Heinrich August Winkler.

 

No es una coincidencia que esta apelación se originara en Francia, que tiene la más intensa y tortuosa experiencia reciente en cuanto a las leyes y procesamientos relacionados con la memoria. Comenzó, sin controversia, en 1990, cuando negar el holocausto judío cometido por los nazis –junto a otros crímenes de lesa humanidad definidos por el tribunal de Núremberg en 1945– fue convertido en delito en Francia, así como lo es en varios países europeos. En 1995, el historiador Bernard Lewis fue condenado en una corte francesa por alegar que, con la evidencia disponible, lo que les pasó a los armenios no puede ser correctamente descrito como genocidio, de acuerdo con la definición de la ley internacional.

 

Una ley posterior, de 2001, dice que la República Francesa reconoce la esclavitud como un crimen de lesa humanidad, y que debe dársele, en consecuencia, el lugar que merece en la enseñanza y en la investigación. Un grupo que representa a algunos ciudadanos franceses en ultramar demandó al autor de un estudio sobre el comercio africano de esclavos, Olivier Pétré-Grenouilleau, por “negar un crimen de lesa humanidad”. Mientras tanto, desde un punto de vista muy diferente, era aprobada otra ley que ordenaba que en los currículos escolares se reconociera “el papel positivo” que tuvo la presencia francesa en ultramar, “especialmente en África del Norte”.

 

Por fortuna, en este punto una ola de indignación dio a luz al movimiento llamado Libertad por la Historia (lph-asso.fr), liderado por el historiador francés Pierre Nora, quien también está detrás de Appel de Blois.

 

El caso en contra de Pétré-Grenouilleau fue desestimado y se abolió la cláusula del “papel positivo”. Pero sigue siendo increíble que tal propuesta haya llegado al corpus legal de una de las más importantes democracias y uno de los mayores centros de estudios históricos del mundo.

 

Estas tonterías son aún más peligrosas cuando vienen disfrazadas de virtud. Un ejemplo perfecto es el intento reciente de imponerle límites a la interpretación de la historia en toda la Unión Europea con la excusa de “combatir el racismo y la xenofobia”. Una propuesta de “decisión estructural” del Consejo para la Justicia y los Asuntos Internos de la Unión Europea, iniciada por la ministra de justicia alemana Brigitte Zypries, sugiere que en todos los Estados miembros “excusar de manera pública, negar o trivializar burdamente los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra” debe ser “punible con penas criminales de hasta, por lo menos, entre uno y tres años de prisión”.

 

¿Quién decidirá qué hechos históricos cuentan como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y qué constituye “trivializar burdamente”?

 

La ley humanitaria internacional indica algunos criterios, pero exactamente qué hechos califican es un asunto de disputa acalorada. La única manera de asegurar verdaderamente que haya uniformidad de tratamiento sería que todos los miembros de la Unión Europea se pusieran de acuerdo en una lista –llamémosla la lista Zypries– para clasificar los horrores. Puede usted imaginarse la negociación en Bruselas. (Oficiales polacos a su contraparte francesa: “está bien, nosotros les damos el genocidio armenio, si ustedes nos dan la hambruna en Ucrania”). Puro Gógol.

 

Ya que algunos países con fuerte tradición de libertad de expresión, incluyendo a Gran Bretaña, objetaron el borrador inicial de Zypries, la propuesta actual ha añadido que “Los Estados miembros pueden escoger castigar solo la conducta que se lleva a cabo de una manera que posiblemente perturbe el orden público o que sea amenazante, abusiva o insultante”. Así, en la práctica, los países continuarán haciendo las cosas a su manera.

 

A pesar de sus múltiples defectos, esta decisión marco fue aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre de 2007, pero no ha sido llevada al Consejo de Justicia y Asuntos Internos para su aprobación definitiva. Le escribí al representante actual de la presidencia francesa en la Unión Europea para preguntar por qué, y solo recibí esta críptica pero estimulante respuesta: “La ley de ‘racismo y xenofobia’ no está aún lista para ser adoptada, ya que está suspendida por algunas reservas parlamentarias pendientes”. Merci, madame liberté: eso servirá hasta el final de este año. Luego, que la presidencia checa de la Unión Europea, que cubre la primera mitad del año siguiente, la tumbe para siempre, con una dosis del sentido común histórico del buen soldado Svejk.

 

Voy a ser claro. Creo que es muy importante que las naciones, los Estados, las personas y otros grupos (por no mencionar individuos) enfrenten, solemne y públicamente, las malas acciones cometidas por ellos o en su nombre. El líder de Alemania Occidental Willy Brandt, arrodillándose silenciosamente ante el monumento a las víctimas y héroes del Gueto de Varsovia, es, para mí, una de las imágenes más nobles de la historia europea de posguerra. Para que la gente enfrente estas cosas, en primer lugar debe conocerlas: estos asuntos deben ser enseñados en las escuelas, así como conmemorados públicamente. Pero antes de ser enseñados, deben ser investigados. La evidencia debe destaparse, estudiarse y tamizarse, y se deben evaluar las posibles interpretaciones.

 

El proceso de investigación y debate históricos requiere libertad total –sujeto solo a leyes estrictas sobre calumnia y difamación, diseñadas para proteger a las personas vivas pero no a los gobiernos, los Estados o el orgullo nacional (como en el famoso artículo 301 del Código Penal turco)–. El equivalente para el historiador de un experimento de un científico natural es cotejar la evidencia con todas las hipótesis posibles, sin importar cuán extremas sean, y luego someter la interpretación que le parezca más convincente a las críticas de sus colegas y al debate público. Así es como llegamos lo más cerca posible a la verdad sobre el pasado.

 

¿Cómo, por ejemplo, refutar la absurda teoría de conspiración que aparentemente todavía tiene alguna vigencia en el mundo árabe, que dice que “los judíos” estaban detrás de los ataques terroristas del 11 septiembre de 2001 en Nueva York? ¿Prohibiendo que se diga esto bajo pena de ir a prisión? No. Se refuta refutándola, esto es: reuniendo toda la evidencia disponible y sometiéndola a un debate libre y abierto. Ésta no es solo la mejor forma de llegar a los hechos; es también, finalmente, la mejor manera de combatir el racismo y la xenofobia. Así que únanse a nosotros, por favor, para despedir al Estado niñera y su policía de la memoria.

artículo publicado en www.elmalpensante.com