Entre los embates que está recibiendo la libertad en Europa, uno de los menos evidentes es la legislación sobre la memoria. Más y más países tienen leyes que dicen que usted debe recordar y describir éste o aquel hecho histórico de cierta manera, en ocasiones so pena de ser enjuiciado si da la respuesta incorrecta. Lo incorrecto de la respuesta depende de dónde se encuentre usted. En Suiza, puede ser procesado por decir que las atrocidades padecidas por los armenios en los últimos años del Imperio otomano no constituyen un genocidio; en Turquía lo procesarían por decir que lo fueron. Lo que es una verdad prescrita por el Estado en los Alpes es una falsedad impuesta por el Estado en Anatolia.
Hace poco un grupo de historiadores y escritores, entre quienes me incluyo, rechazó este peligroso disparate. En lo que ha sido llamado “Appel de Blois”, publicado en Le Monde el pasado 10 de octubre, sostenemos que en un país libre “no es asunto de ninguna autoridad política definir la verdad histórica o restringir la libertar del historiador a través de sanciones penales”. Y argüimos en contra de la acumulación de lo que se ha dado en llamar “leyes sobre la memoria”. Entre las primeras firmas hay historiadores como Eric Hobsbawm, Jacques Le Goff y Heinrich August Winkler.
No es una coincidencia que esta apelación se originara en Francia, que tiene la más intensa y tortuosa experiencia reciente en cuanto a las leyes y procesamientos relacionados con la memoria. Comenzó, sin controversia, en 1990, cuando negar el holocausto judío cometido por los nazis –junto a otros crímenes de lesa humanidad definidos por el tribunal de Núremberg en 1945– fue convertido en delito en Francia, así como lo es en varios países europeos. En 1995, el historiador Bernard Lewis fue condenado en una corte francesa por alegar que, con la evidencia disponible, lo que les pasó a los armenios no puede ser correctamente descrito como genocidio, de acuerdo con la definición de la ley internacional.
Una ley posterior, de 2001, dice que la República Francesa reconoce la esclavitud como un crimen de lesa humanidad, y que debe dársele, en consecuencia, el lugar que merece en la enseñanza y en la investigación. Un grupo que representa a algunos ciudadanos franceses en ultramar demandó al autor de un estudio sobre el comercio africano de esclavos, Olivier Pétré-Grenouilleau, por “negar un crimen de lesa humanidad”. Mientras tanto, desde un punto de vista muy diferente, era aprobada otra ley que ordenaba que en los currículos escolares se reconociera “el papel positivo” que tuvo la presencia francesa en ultramar, “especialmente en África del Norte”.
Por fortuna, en este punto una ola de indignación dio a luz al movimiento llamado Libertad por la Historia (lph-asso.fr), liderado por el historiador francés Pierre Nora, quien también está detrás de Appel de Blois.
El caso en contra de Pétré-Grenouilleau fue desestimado y se abolió la cláusula del “papel positivo”. Pero sigue siendo increíble que tal propuesta haya llegado al corpus legal de una de las más importantes democracias y uno de los mayores centros de estudios históricos del mundo.
Estas tonterías son aún más peligrosas cuando vienen disfrazadas de virtud. Un ejemplo perfecto es el intento reciente de imponerle límites a la interpretación de la historia en toda la Unión Europea con la excusa de “combatir el racismo y la xenofobia”. Una propuesta de “decisión estructural” del Consejo para la Justicia y los Asuntos Internos de la Unión Europea, iniciada por la ministra de justicia alemana Brigitte Zypries, sugiere que en todos los Estados miembros “excusar de manera pública, negar o trivializar burdamente los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra” debe ser “punible con penas criminales de hasta, por lo menos, entre uno y tres años de prisión”.
¿Quién decidirá qué hechos históricos cuentan como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y qué constituye “trivializar burdamente”?
La ley humanitaria internacional indica algunos criterios, pero exactamente qué hechos califican es un asunto de disputa acalorada. La única manera de asegurar verdaderamente que haya uniformidad de tratamiento sería que todos los miembros de la Unión Europea se pusieran de acuerdo en una lista –llamémosla la lista Zypries– para clasificar los horrores. Puede usted imaginarse la negociación en Bruselas. (Oficiales polacos a su contraparte francesa: “está bien, nosotros les damos el genocidio armenio, si ustedes nos dan la hambruna en Ucrania”). Puro Gógol.
Ya que algunos países con fuerte tradición de libertad de expresión, incluyendo a Gran Bretaña, objetaron el borrador inicial de Zypries, la propuesta actual ha añadido que “Los Estados miembros pueden escoger castigar solo la conducta que se lleva a cabo de una manera que posiblemente perturbe el orden público o que sea amenazante, abusiva o insultante”. Así, en la práctica, los países continuarán haciendo las cosas a su manera.
A pesar de sus múltiples defectos, esta decisión marco fue aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre de 2007, pero no ha sido llevada al Consejo de Justicia y Asuntos Internos para su aprobación definitiva. Le escribí al representante actual de la presidencia francesa en la Unión Europea para preguntar por qué, y solo recibí esta críptica pero estimulante respuesta: “La ley de ‘racismo y xenofobia’ no está aún lista para ser adoptada, ya que está suspendida por algunas reservas parlamentarias pendientes”. Merci, madame liberté: eso servirá hasta el final de este año. Luego, que la presidencia checa de la Unión Europea, que cubre la primera mitad del año siguiente, la tumbe para siempre, con una dosis del sentido común histórico del buen soldado Svejk.
Voy a ser claro. Creo que es muy importante que las naciones, los Estados, las personas y otros grupos (por no mencionar individuos) enfrenten, solemne y públicamente, las malas acciones cometidas por ellos o en su nombre. El líder de Alemania Occidental Willy Brandt, arrodillándose silenciosamente ante el monumento a las víctimas y héroes del Gueto de Varsovia, es, para mí, una de las imágenes más nobles de la historia europea de posguerra. Para que la gente enfrente estas cosas, en primer lugar debe conocerlas: estos asuntos deben ser enseñados en las escuelas, así como conmemorados públicamente. Pero antes de ser enseñados, deben ser investigados. La evidencia debe destaparse, estudiarse y tamizarse, y se deben evaluar las posibles interpretaciones.
El proceso de investigación y debate históricos requiere libertad total –sujeto solo a leyes estrictas sobre calumnia y difamación, diseñadas para proteger a las personas vivas pero no a los gobiernos, los Estados o el orgullo nacional (como en el famoso artículo 301 del Código Penal turco)–. El equivalente para el historiador de un experimento de un científico natural es cotejar la evidencia con todas las hipótesis posibles, sin importar cuán extremas sean, y luego someter la interpretación que le parezca más convincente a las críticas de sus colegas y al debate público. Así es como llegamos lo más cerca posible a la verdad sobre el pasado.
¿Cómo, por ejemplo, refutar la absurda teoría de conspiración que aparentemente todavía tiene alguna vigencia en el mundo árabe, que dice que “los judíos” estaban detrás de los ataques terroristas del 11 septiembre de 2001 en Nueva York? ¿Prohibiendo que se diga esto bajo pena de ir a prisión? No. Se refuta refutándola, esto es: reuniendo toda la evidencia disponible y sometiéndola a un debate libre y abierto. Ésta no es solo la mejor forma de llegar a los hechos; es también, finalmente, la mejor manera de combatir el racismo y la xenofobia. Así que únanse a nosotros, por favor, para despedir al Estado niñera y su policía de la memoria.
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