Los estudiantes chilenos han tomado las escuelas y calles de sus ciudades en las protestas más extensas que el país ha visto en décadas. Estas protestas han causado una compleja crisis política en el país del multimillonario presidente Sebastián Piñera.
Los estudiantes exigen una educación pública gratuita y de calidad y el fin de la privatización de escuelas y universidades. Esas políticas de libre mercado aplicadas a la educación fueron implementadas por el dictador Augusto Pinochet en los días previos a dejar el poder.
Estas manifestaciones estudiantiles coinciden con las protestas que han estallado a escala mundial.
Chile rising (El alzamiento de Chile), reportaje de la cadena de televisión Al Jazeera, sigue la lucha de este movimiento estudiantil en uno de los países más desiguales del mundo.
Gabriel Salazar, historiador, profesor de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Historia, es entrevistado por primera vez en la televisión abierta en un horario prime. En esta ocasión revisita los conflictos sociales y políticos de la historia de Chile y su relación con el actual movimiento estudiantil que tras seis meses de movilizaciones ha puesto en evidencia la crisis de representatividad de la democracia chilena.
A los republicanos, cuando nos enfrentábamos a la dictadura nos llamaban comunistas, y ahora que nos enfrentamos a la turba, nos ponen junto a los derechistas. Ni una cosa ni otra, porque la realidad política no es tanto una línea con dos extremos que serían la izquierda y la derecha, sino más bien un triángulo. Todos somos en mayor o menor grado liberales, comunitaristas y republicanos.
Guido Girardi, como Presidente del Senado, faltó a sus obligaciones republicanas al permitir que un grupo de personas sometiera a presiones físicas a un ministro de Estado, y al dar por bueno que esos vociferantes bailaran arriba de una mesa donde se discutía el Presupuesto de la nación. Más allá del hecho, están los símbolos. Tampoco estuvieron a la altura el ministro, que se escurrió, ni los parlamentarios, que pasmados o pensando en su reelección optaron por jugar al museo de cera. En un Estado republicano de derecho, los carabineros no son una fuerza de ocupación. Ellos y los militares están sometidos a reglamentos, y detentan el monopolio jurídico de la violencia.
Mucha tinta ha corrido para analizar la crisis del sistema político, la deslegitimación de los partidos y la escalada de movilizaciones sociales que reclaman el fin del lucro en las instituciones escolares y universitarias, así como mejores mecanismos de regulación de la educación pública.
Entre las propuestas lanzadas al vuelo por politólogos y sociólogos, varias de ellas más intuitivas que científicas y reflexivas, destaca una idea fuerza que, confrontada con algunos datos empíricos, no resiste ningún análisis. La idea defendida por el sociólogo Eugenio Tironi y el investigador de mercado Roberto Méndez, a propósito de un artículo aparecido en The Economist, apunta a que Chile habría alcanzado un determinado umbral de modernidad gracias al aumento de los ingresos per cápita, lo que habría convertido a sus ciudadanos en individuos más exigentes y empoderados, así como en activos fiscalizadores de las actividades del gobierno y de los otros poderes del Estado.
Frente a esa “intuición” hay otra lectura que permite analizar el problema desde la anormalidad del sistema político chileno y su relación con algunos factores socio-económicos que inciden directamente en la perpetuación de las desigualdades sociales.
El determinante central de este nuevo ciclo de movilizaciones es la llegada de la derecha al poder y las oportunidades políticas que ofrece un gobierno poco receptivo a la voluntad popular y al diálogo con las fuerzas opositoras. El cambio de alineaciones políticas, la división de las elites, la difusión de las causas en las redes sociales, la acción colectiva y los nuevos marcos culturales que resuenan en la población chilena serían los factores que inciden en el clima de indignación y de permanente movilización (1). El escenario político post Concertación abrió un camino favorable a las movilizaciones que hizo posible la conexión de unidades contestatarias que antes estaban desconectadas (profesores, estudiantes, ecologistas, opositores a la derecha, defensores de una asamblea constituyente) y que las protestas alcanzaran un cierto grado de empatía o reconocimiento ciudadano, legitimándose ante una opinión pública que antes se mostraba escasamente receptiva de ellas.
¿Qué sucedería si se llegara a probar que buena parte de lo que se ha estado discutiendo y exigiendo en los medios, patios de escuelas, universidades y en las calles, ya está reconocido en el ordenamiento institucional que nos rige? ¿Tendría sentido seguir protestando y con, además, estos niveles de bulla? Eso por un lado. Por el otro, ¿serviría insistir, con igual intransigencia, que no hay que dar el brazo a torcer? Por lo visto, quienes chillan algo logran. A su vez, quienes se emperran en lo de siempre, algo conservan. El lío es que con lógicas de ese tipo persistiremos en una guerra de desgaste y trinchera para rato.
De ahí que, como pocas veces antes, este sea el momento de los abogados. El "qué dice la ley" o bien, el "hagámosla cumplir". En cuyo caso, lo del lucro en la educación universitaria debiera ser cuestión zanjada. Porque lo inaudito no es que las universidades no puedan perseguir fines de lucro, sino que dicha regla, consagrada legalmente, se esquiva, atropella y no se honra. Ese el problema.
La historia socio-política de Chile muestra que los movimientos ciudadanos, cuando han procurado ejercer la soberanía y el poder constituyente que les son inherentes, han sido reprimidos por ambas clases políticas (la militar y la civil), bajo acusación de “anarquismo” y “desquiciamiento del orden público”. Así ocurrió con el movimiento ciudadano que derribó la dictadura de O’Higgins en 1822 y redactó la Constitución Popular de 1828, pues fue aplastado por el golpe de Estado fraguado por Portales (civil) y Prieto (militar) en 1829. Lo mismo, el movimiento encabezado por los trabajadores (FOCH), los estudiantes (FECH) y los profesores (AGPCH), que en 1925 convocó a una Asamblea Popular Constituyente, fue traicionado en sucesión por los “caudillos” Alessandri Palma (civil) e Ibáñez del Campo (militar), que impusieron una Constitución Liberal que fue la antítesis de la propuesta por la ciudadanía.
La salvaje represión a los estudiantes que se manifiestan contra la educación chilena encuentra sus raíces en el modelo económico planteado por Sebastián Piñera. Marcel Claude, economista y profesor de la Universidad de Chile en la Escuela de Economía asegura, en diálogo con Página/12, que este año el gobierno les va a entregar 35 mil millones de dólares a las compañías multinacionales que explotan cobre. Esa cifra representa tres veces el presupuesto para educación, doce veces el presupuesto en vivienda y siete veces el que se destina para salud. “Chile tiene la educación universitaria más cara del mundo, con un costo que representa el 72 por ciento del PBI per cápita”, asegura el especialista en desarrollo económico que lleva más de 40 conferencias dictadas en todo el país debatiendo con estudiantes y docentes sobre la crisis educativa.
¿Cuáles son las claves para entender este conflicto?
Toda la educación chilena está ordenada en torno de la lógica del lucro, ése es su eje central. El Banco Mundial señaló que cuando un estudiante se gradúa y sale al mercado laboral carga con un endeudamiento equivalente al 174 por ciento de su sueldo anual. Eso es una locura. Aunque un estudiante trabaje un año completo, todo el ingreso que gana tendrá que dejarlo en el banco. Se estima que cada estudiante se gradúa con una deuda promedio de 40 mil dólares.
Una de las críticas más fuertes de los estudiantes ha sido que este modelo aumenta las desigualdades sociales.
Los ricos estudian en las mejores universidades y los pobres en las peores condiciones, lo que incrementa las desigualdades con las que nacen. El 40 por ciento de los estudiantes que no termina la universidad queda endeudado y sin título. De los que terminan, el 60 por ciento no trabaja de lo que estudió. Esas son las cifras crudas y duras de la educación chilena.
¿Qué alternativas existen ante este paradigma neoliberal?
Tiene que constituirse un sistema público donde la educación sea un derecho asegurado por el Estado. Chile tiene los recursos para hacerlo.
¿Cómo analiza el presente del movimiento estudiantil?
Este movimiento es mucho más sólido que en cualquier otro momento de la historia posdictadura. Recorriendo el país pude observar que existe conciencia y un excelente nivel de reflexión política en todos los estudiantes. Eso despierta la esperanza real de construir un movimiento que vaya más allá de sus demandas. Los estudiantes han planteado la posibilidad de renacionalizar los recursos marinos, mineros y pesqueros. El 60 por ciento de los chilenos vive con un ingreso promedio inferior a un país como Angola. Ante este contexto, la gente toma conciencia de la situación y está despertando.
Gabriel Salazar (Premio Nacional de Historia) y María Olivia Monckeberg (Premio Nacional de Periodismo), profesores de la Universidad de Chile, analizan la crisis de la educación en Chile y el movimiento estudiantil de 2011. Entrevistas realizadas por estudiantes de la Escuela de Periodismo y del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
