El lunes 23 de enero, el Senado francés votará un proyecto de ley que pretende penalizar la negación del genocidio armenio de 1915, además de otros sucesos caracterizados como genocidio en las leyes francesas. La ley ya ha superado la Asamblea Nacional, la Cámara baja del Parlamento francés. El Senado debería rechazarla, en nombre de la libertad de expresión, la libertad de investigación histórica y el artículo 11 de la pionera declaración francesa de los derechos del hombre y el ciudadano proclamada en 1789 (“la libre comunicación de ideas y opiniones es uno de los derechos más preciados...”).
La cuestión aquí no es si las atrocidades cometidas contra los armenios en los últimos años del Imperio Otomano fueron terribles, ni si deben ser reconocidas en la memoria turca y europea. Lo fueron y deben serlo. La cuestión es: ¿debe ser un delito, en virtud de la ley francesa o de otros países, poner en duda que aquellos terribles acontecimientos constituyan genocidio, un término utilizado en el derecho internacional? En el pasado, sin quitar importancia al sufrimiento de los armenios, el famoso especialista en el Imperio Otomano Bernard Lewis ha refutado precisamente ese punto. ¿Y está preparado y autorizado el Parlamento francés para erigirse en tribunal de la historia mundial y dictar veredictos sobre el comportamiento pasado de otros países? La respuesta es: no y no.
