2 jul. 2011

200 años del Congreso | Alfredo Jocelyn-Holt

El edificio de calle Compañía no es especialmente espectacular, pero al menos posee cierta prestancia digna. El de Valparaíso, en cambio, es un espantajo histriónico, desubicado, y con forado colosal en medio como si, desde la costa, una ronda de cañonazos de infalible puntería le hubiese querido marcar para siempre.


Sigue en pie, pero esa cicatriz de antiguo cirujano carnicero le resta pergaminos y estética. Por estricto calendario (vamos en dos siglos) puede que siga siendo uno de los veteranos, de los parlamentos de más largo funcionamiento en América, pero ni la Constitución ni el edificio que lo alberga -legados de 16 años de interdicción que habría que restar al cálculo aritmético- apoyan dicha tesis.

No es ya el club selecto al que las más distinguidas figuras del país quieren pertenecer. Sus personalidades más carismáticas y ambiciosas no hallan la hora de huir de allí y convertirse en administrativos del Presidente; quienes los reemplazan últimamente no se ganan el puesto, entran por arreglín y secretaría. No es tampoco la gran tribuna de elocuencia o el estrado jurídico por excelencia que fue; ni siquiera se oye bien lo que se dice en el hemiciclo, como comprobé desde la testera de la sala de sesiones de la Cámara hace algunas semanas al participar en un seminario junto a otros historiadores.


En tanto columna política, incluso legislativa, es crecientemente débil. A diferencia del Ejecutivo -ese semidiós omnipresente, engendro de una vieja tradición monárquica y un Fisco moderno todopoderoso- el Congreso es menos operativo y filantrópico. Desde hace décadas, de mucho antes que la Constitución de 1980, viene delegando, renunciando, poderes trabajosamente conquistados en su lucha histórica contra la "mono-cracia" autoritaria y estatal. No olvidemos que desde el Parlamento fue que se batalló contra las prerrogativas electorales e imposiciones dictatoriales del Presidente (v. gr. O´Higgins, Balmaceda). En cambio, sus supuestos dos grandes logros estos últimos 50 años -reforma agraria y nacionalización del cobre- son acatamientos algo serviles a iniciativas populistas presidenciales.


Dicho de otro modo: una historia de autonomía constitucional con notorios altos y bajos. En sus mejores momentos, le debemos al Parlamento haber sido la institución más representativa y plural, social e ideológicamente, con que ha dispuesto el país; el freno más potente a los desbordes soberano populares y plebiscitario democráticos que han debido enfrentarse; la mejor escuela política; el espacio más adecuado para recoger e interpretar corrientes doctrinarias y partidistas, a la vez que permitir que éstas transaran y moderaran sus propósitos sin caer, además, en excesos asambleístas. De hecho, ha vuelto mansos y sensatos a intransigentes por definición (e. g. ultramontanos, monttvaristas, comunistas); de ahí que otros de esa laya optaran por operar e imponer sus credos desde la calle, los cuarteles o La Moneda.


Ese relato institucional, celebrémoslo. El que, si tuviésemos que simbolizarlo, comenzaría un 4 de julio para lamentablemente sucumbir como tantas veces después, en noviembre 1811, ante golpistas militares. En historia no cuentan los calendarios ni la aritmética: la historia del Congreso no suma aún 200 años.

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