¿Qué sucedería si se llegara a probar que buena parte de lo que se ha estado discutiendo y exigiendo en los medios, patios de escuelas, universidades y en las calles, ya está reconocido en el ordenamiento institucional que nos rige? ¿Tendría sentido seguir protestando y con, además, estos niveles de bulla? Eso por un lado. Por el otro, ¿serviría insistir, con igual intransigencia, que no hay que dar el brazo a torcer? Por lo visto, quienes chillan algo logran. A su vez, quienes se emperran en lo de siempre, algo conservan. El lío es que con lógicas de ese tipo persistiremos en una guerra de desgaste y trinchera para rato.
De ahí que, como pocas veces antes, este sea el momento de los abogados. El "qué dice la ley" o bien, el "hagámosla cumplir". En cuyo caso, lo del lucro en la educación universitaria debiera ser cuestión zanjada. Porque lo inaudito no es que las universidades no puedan perseguir fines de lucro, sino que dicha regla, consagrada legalmente, se esquiva, atropella y no se honra. Ese el problema.
De ahí que, como pocas veces antes, este sea el momento de los abogados. El "qué dice la ley" o bien, el "hagámosla cumplir". En cuyo caso, lo del lucro en la educación universitaria debiera ser cuestión zanjada. Porque lo inaudito no es que las universidades no puedan perseguir fines de lucro, sino que dicha regla, consagrada legalmente, se esquiva, atropella y no se honra. Ese el problema.
La gratuidad es otro de estos nudos gordianos al que la ley, de nuevo, tiempo hace que ofrece su solución. Según Carola Canelo, profesora de Derecho Internacional de la U. de Chile, la norma está ahí, es cosa de que la respetemos. En 1989, el entonces gobierno de Chile, todavía bajo dictadura, promulgó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en que los Estados partes se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a la educación en todos sus niveles, y sobre la educación superior, consigna que ésta "debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implementación progresiva de la enseñanza gratuita". (art. 13 c). A lo que Canelo agrega convincentemente que esta disposición tendría rango constitucional, aseguraría el principio de gratuidad progresiva y éste prevalecería por sobre cualquier esquema actual de financiamiento público en educación superior.
De concederse el punto, y ¿cómo no? (el texto es taxativo), resulta extraordinario que en todos estos años -21 exactos- la experiencia haya sido justo lo contrario. Que en vez de alcanzar una gratuidad progresiva se haya llegado a un encarecimiento geométrico insostenible, regresivo, que autoridades universitarias y de gobierno se hayan coludido y obcecado en convertir la educación superior en negocio (también las universidades públicas), y se desembocara en una paralización a escala monstruo porque el sistema no da para más, tanto por lo caro como por la pésima calidad de la oferta. Materia de historiadores, supongo, e irónico porque la dictadura nos estaría penando, aunque no en el sentido usual en que nos tiene acostumbrados.
Fue ella la que promulgó el pacto de la ONU y consagró el principio del no lucro en las universidades. Cuestiones que, siendo ley, nadie podría alegar supuesta ignorancia y excusarse de cumplirlas. La ley es dura, pero es la ley, y así como la buena fe se presume, la mala fe se castiga y duro: el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contra. Salgan, pues, de la calle, vuelvan a clases y llamen a los abogados.
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