14 mar. 2011

Entrevista a Roberto Gargarella, constitucionalista argentino | Mori Ponsowy (La Nación)

El jurista argentino Roberto Gargarella, reconocido por sus aportes en materia de derecho constitucional, es consciente de que la Argentina tiene una Carta Magna "muy exigente". Y sostiene que "ver la distancia que hay entre los compromisos constitucionales y la práctica constitucional es muy dramático, pero también muy apasionante". 

Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con un máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Chicago, Gargarella, de 44 años y autor de más de una veintena de libros, investigó recientemente y escribió acerca de los límites a la respuesta penal punitiva, la teoría constitucional y la concepción deliberativa de la democracia. 

¿Qué es la democracia deliberativa y en qué se diferencia de otras concepciones de la democracia?

La idea de democracia deliberativa considera que las únicas decisiones públicas justificadas son las que resultan de un proceso de discusión inclusivo, sin grupos marginados. Algo que no ocurre hoy en la Argentina, donde hay voces y grupos sistemáticamente ausentes de la toma de decisiones. El Congreso se especializa en tomar decisiones a partir de la imposición de una mayoría que levanta la mano. Y aunque eso es una condición necesaria en la construcción de una decisión democrática, no es una condición suficiente para ello. Ni siquiera es suficiente para que la decisión sea constitucionalmente válida. 
¿Cómo debería plantearse el debate sobre la protesta social? Usted dice que es inapropiado hacerlo como si se tratara de tornar compatibles el derecho de libre circulación con el de los manifestantes a expresarse. 

Muchas veces las causas de la protesta social tienen que ver con el incumplimiento del Estado de sus propias obligaciones constitucionales. Antes de apuntar el dedo hacia quienes se quejan por las faltas graves cometidas por el Estado, habría que dirigirlo hacia las autoridades y preguntarles por qué no cumplen con sus obligaciones legales. Si dejamos de lado esta pregunta para empezar a discutir hasta dónde llegan los derechos de los taxistas o las ambulancias, trivializamos el debate. 

¿El derecho a expresarse no debería tener límites? 

Por supuesto que hay límites. Pero el derecho a expresarse y, sobre todo, el derecho a la crítica política es -así lo llamaría- el derecho de los derechos, ya que es condición para el sostén de los demás derechos. Cuanto más restringimos la crítica política, más ponemos en riesgo el resto de la estructura de derechos. 

¿Por qué el Estado incumple desde hace décadas sus deberes constitucionales de garantizar los derechos sociales básicos de la gente más necesitada? 

A cualquier gobierno le interesa transformar los derechos en favores que da o deja de dar a discreción, haciendo que los grupos afectados vayan a pedirle de rodillas aquello que en realidad el Estado debería asegurarles incondicionalmente. Todos los gobiernos, y éste también, tratan los reclamos por derechos como si fueran reclamos por privilegios. 

¿Cómo se puede garantizar que los gobiernos futuros cumplan con su obligación? 

Ahí la Justicia puede cumplir un rol extraordinario que, lamentablemente, ahora cumple sólo a medias, por miedo o por razones políticas. Por eso, la disputa en torno del Consejo de la Magistratura es tan seria, aunque no lo parezca: controlar al Consejo sirve para poner a los jueces bajo amenaza. 

¿Cómo se llegó a esta separación borrosa entre los tres poderes?

Al consagrar un sistema de autoridad concentrada en el Poder Ejecutivo, permitimos que gradualmente se distorsione toda la estructura de frenos y contrapesos. Hoy, como ciudadanos, hemos perdido el control sobre la política y sobre la vida pública en general. Es lo contrario de un proyecto progresista, que exige, ante todo, romper con la desigualdad económica y la desigualdad política. 

¿Qué salida ve para esto?

Me parece posible definir ideales regulativos que tienen que ver con el respeto de la autonomía individual y el autogobierno colectivo. Son ideales por los que luchar. No sé si es fácil llegar ahí, pero es importante, al menos, tener claro hacia dónde dirigir los esfuerzos. Muchos de nuestros problemas tienen que ver con que no tenemos demasiado claro hacia dónde ir. 

¿Por qué usted escribió que la lectura que se hizo de los orígenes del constitucionalismo latinoamericano fue la menos atractiva posible? 

Entre las opciones constitucionales que teníamos optamos por una muy restrictiva de las libertades políticas, con una fuerte concentración de autoridad en el presidente, lo cual fue una decisión muy mala. Cualquier demócrata, cualquier persona con espíritu igualitario, debe temer y resistir siempre la concentración del poder. Nuestra Constitución creó un Poder Ejecutivo más fuerte, que luego fue arrinconando a los demás poderes. 

¿Qué relación encuentra entre la desigualdad política y la económica? 

Una sociedad marcada por la desigualdad política y organizada alrededor del mercado reproduce la desigualdad entre sus miembros y socava los lazos de solidaridad. Ambas desigualdades se refuerzan. Hoy llevar adelante tareas solidarias es un ejercicio heroico porque todos los incentivos institucionales están orientados en dirección opuesta. En sociedades más igualitarias los lazos cívicos son más fuertes, así como las posibilidades de relacionarse con los demás y ver a los otros como iguales. 

¿Cómo describiría la democracia argentina?

Una democracia liberal conservadora, con un limitado respeto a las libertades civiles, fuertes restricciones en las libertades políticas de la ciudadanía y una marcada desigualdad en la distribución de los recursos, que afecta al resto de la estructura democrática. 

¿En qué cosas cree?

En el respeto simultáneo a los valores de libertad individual y autogobierno colectivo; en maximizar la libertad individual y la capacidad de la ciudadanía de tomar control sobre sus propios asuntos. Hemos convivido con regímenes conservadores que negaron las libertades individuales y políticas, y con regímenes liberales que fueron más respetuosos de las libertades personales, pero muy hostiles a las capacidades colectivas de los ciudadanos. Las mejores tradiciones igualitarias requieren la reivindicación de las libertades personales junto con la igualdad política. Esta tiene que ir de la mano de la igualdad económica y asegurar condiciones materiales que nos permitan vivir en comunidad. 


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